Morena pretende regular las redes sociales en México; aplicaría multas de más de 80 mdp, ¿quieres saber los motivos?

Como parte de su propuesta para regular las redes sociales en México, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, propuso multar con más de 89 millones de pesos a las redes sociales que cancelen, eliminen o suspendan cuentas o contenidos de manera injustificada.

La propuesta fue presentada luego de que, a finales de enero, Twitter eliminó un número indeterminado de usuarios presuntamente afines a laCuarta Transformación.

“No puede un ente privado, privarte de tus derechos, no puede un ente privado simplemente eliminarse del acceso a la información y el derecho a la expresión sin ningún recurso de defensa”, argumenta la iniciativa del senador Ricardo Monreal y que pretende socializar con todos los sectores involucrados.

De acuerdo con el documento publicado por el también coordinador de los senadores de Morena, es necesario reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones, para que las empresas propietarias de redes sociales que cuenten con más de un millón de usuarios soliciten autorización para operar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el mismo organismo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a desaparecer por considerarlo costoso para el país.

De esa manera, propone que todo el tema de regulación y lineamientos recaiga en el IFT, pues deberá ser el que garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el ciberespacio y establezca límites claros a los propietarios de las redes sociales respecto a la suspensión y eliminación de cuentas.

Además de generar los lineamientos generales y aspectos técnicos especializados que garanticen y maximicen la libertad de expresión.

Asimismo, establece, un mecanismo de impugnaciones de usuarios para que en máximo 24 horas se resuelvan las controversias de los particulares a quienes se les haya bloqueado o censurado algún contenido.

Y aclara que, en caso de que el usuario no esté de acuerdo con la decisión de las empresas, podrá inconformarse ante el IFT o recurrir al juicio de amparo para velar por sus derechos.

Monreal Ávila aseguró que, “el Senado no pretende ser autoritario e incidir discrecionalmente en las decisiones internas de los propietarios de redes sociales, con respecto a todos los criterios que establece en sus términos y condiciones del servicio, especialmente, los aspectos comerciales, pero tampoco debe permanecer indiferente ante las posibles vulneraciones a la libertad de expresión”.

Por ello, adelantó que, antes de presentar su propuesta formalmente en el Senado, buscará el consenso con las principales empresas de redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, además de la opinión de la Secretaría de Gobernación, como parte del Ejecutivo Federal.

Parte del contenido de la reforma impulsada por Ricardo Monreal a laLey Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

-Habrá un procedimiento abreviado por el cual el IFT atenderá las quejas presentadas por los usuarios que no obtengan una resolución por parte de la red social, o bien, que esta no les sea favorable.

-En primera instancia serán los propietarios de redes sociales junto con sus usuarios los que resuelvan cualquier tema relacionado con la suspensión o cancelación de cuentas o la eliminación de contenidos.

-Las partes deberán llegar a una conciliación en un plazo no mayor a 24 horas y, en caso de que el usuario no resuelva la reclamación, podrá acudir al IFT para interponer la queja correspondiente.

-Se crea la figura de las “Autorizaciones para los Servicios de Redes Sociales”, para proteger la libertad de los usuarios de redes sociales.

-Las redes sociales deberán contar con un mecanismo expedito para recibir impugnaciones de los usuarios.
-Se protegerán los derechos de menores de edad, se elimina la difusión de mensajes de odio, se evitará la propagación de noticias falsas.

-Se establece la prohibición a los propietarios de redes sociales de usar algoritmos o tecnologías sistematizadas para cancelar cuentas de manera definitiva.

-Se dejan a salvo las atribuciones constitucionales y legales del Instituto Nacional Electoral (INE) en materia político-electoral.