El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) demandó al gobierno federal la restitución de unas 2 mil hectáreas de tierras que les fueron despojadas o adquiridas con engaños o amenazas en los pueblos de los municipios de Atenco y Texcoco y que forman parte del polígono de lo que iba ser el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o sus obras complementarias.
Los integrantes del movimiento atenquense señalaron que la propuesta de restitución se realizó en la mesa de diálogo que llevan a cabo con la Secretaría de Gobernación y diversas secretarias federales para el programa de restauración de los daños causados por la construcción de la terminal aérea en Texcoco, la cual fue cancelada.
“Queremos que esas tierras sean devueltas, ya lo planteamos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si el aeropuerto estaba cimentado en la corrupción, esa venta de tierras fue corrupción, incluso en las obras complementarias; así que esas tierras nos las tienen que devolver”, dijo María Trinidad Ramírez, dirigente del FPDT.
Señaló que el expresidente Enrique Peña Nieto dijo que no iba tocar esas tierras. “Y claro que tocó nuestras tierras y no lo hizo público porque no le convenía y tuvo que hacerlo por debajo del agua y valerse de comisariados corruptos y presidentes corruptos. Muchas de nuestra tierras nos fueron despojadas y quedaron dentro del polígono del aeropuerto y otras despojadas para las obras complementarias”.
Jesús Adán Espinoza, otro de los dirigente del FPDT, explicó que tan sólo del ejido de San Salvador Atenco son más de 500 hectáreas de cultivo de los parajes Xalapango y El Paraíso que fueron ocupadas ilegalmente, en donde se colocaron la barda perimetral, accesos y parte de la autopista Texcoco-Pirámides.
Abundó que 300 hectáreas del paraje Xalapango quedaron en la malla perimetral y 200 hectáreas del paraje El Paraíso.
Los campesinos afirmaron que también se despojaron tierras de los parajes de los ejidos de Tocuila y sus barrios de San Felipe y Santa Cruz de Abajo para las obras de la autopista Pirámides-Texcoco a cargo de las empresas constructoras Pinfra y CIPSA y donde los ejidatarios lograron que un juez ordenara su devolución, pero no fue acatada.
Otros casos de tierras de las que exigen su restitución son en el núcleo de Nexquipayac donde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) adquirió 320 hectáreas de uso común a los campesinos, pero se incurrió en diversas anomalías en este proceso y en la realización de las asambleas, violentando el derecho de los labriegos.
“Tenemos también una lucha jurídica para que nos regresen nuestra tierras, pero sabemos que será una batalla difícil. En su tiempo el Registro Agrario Nacional dijo que fue legal la compra cuando fue un vil despojo.
“Primero la compra la realizó la Conagua con engaños y se las entregó a Grupo Aeroportuario y luego a las empresas y funcionarios. Hubo quien se prestó en hacer la venta y engañar a la gente”, afirmó Trinidad Ramírez.
Información: La Jornada