Por primera vez en la historia del Estado de México el Congreso estatal está dominado por la oposición: el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuenta con 38 diputados y la LX Legislatura es presidida por la Diputada Azucena Cisneros Coss, quien ha encabezado una lucha desde el legislativo para esclarecer los casos de corrupción y opacidad en la entidad gobernada desde hace 93 años por el PRI.
En los poco más de tres meses que lleva en operación la LX Legislatura se han observado cambios nunca antes vistos en el Congreso estatal: tres exhortos al Gobernador Alfredo del Mazo Maza para que esclarezca una serie de irregularidades detectadas en las concesiones otorgadas a la empresa Aleatica (antes OHL) en el Estado de México; una iniciativa que busca retirar pensiones y personal de seguridad a ex gobernadores; un Punto de Acuerdo para echar abajo la llamada Ley Eruviel (que perpetúa las concesiones) y, por primera vez en la historia de la entidad, la Cuenta Pública de un Gobernador no fue aprobada.
Azucena Cisneros, presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura, es la mujer que ha encabezado esta lucha apoyada de su bancada. Sabe que los mexiquenses le dieron a Morena la mayoría el 1 de julio para ser un contrapeso y mermar la corrupción del Gobierno estatal; también para llamar a cuentas al Gobernador por su ausencia en los temas de violencia, feminicidios y pobreza.
“Estamos obligados a responderle a la gente, queremos lograr que la vida pública en el Estado de México sea una vida mucho más equilibrada, que la gente se sienta representada y que sientan que las leyes respondan a un beneficio directo. Nunca más un Congreso del estado separado de los intereses de la gente”, dice la Diputada de Morena.
Una de las iniciativas más relevantes de su bancada es para retirarles algunos privilegios a seis ex mandatarios mexiquenses, entre los que se encuentra Enrique Peña Nieto. Un decreto de 1945, implementado en la administración de Alfredo del Mazo Vélez –abuelo del actual Gobernador Alfredo del Mazo Maza–, y reglamentado en 1993 por José Ignacio Pichardo Pagaza, permitió que los ex gobernadores del Estado de México contaran con un chofer ayudante con rango cinco, tres ayudantes con categoría de Oficial de Seguridad Pública, una secretaria, y una posible pensión.
“Lo que queremos en el Congreso es abrogar este decreto para que se acaben con estos privilegios porque la gente está harta de que los políticos abusen del poder”, asegura Cisneros Coss.
La presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura también habla acerca de la ruta que se le sigue a las concesiones de Aleatica, dice que no es una persecución hacia la empresa sino un intento por esclarecer una posible corrupción en el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, ambas vías concesionadas durante los sexenios de los priistas Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, respectivamente.
Información: sinembargo.mx