Con mayoría de los diputados, la Legislatura local aprobó un exhorto para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie una carpeta de investigación en contra de Jesús Murillo Karam por delitos cometidos contra la administración de justicia, durante las investigaciones por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El diputado Tanech Sánchez Ángeles promovente del punto de acuerdo, recordó que los normalistas fueron atacados por presuntos integrantes del crimen organizado con apoyo de las policías municipales de Iguala, la policía del Estado de Guerrero y la Policía Federal con pleno conocimiento y monitoreo del Batallón de Iguala y los mecanismos de inteligencia del Gobierno Federal, según diversos reportes.
Como resultado de estos hechos resultaron diversas personas lesionadas, hubo muchos detenidos y fallecieron seis personas, tres normalistas, dos jugadores del equipo de fútbol Los Avispones y una mujer que viajaba en un taxi; y desaparecieron de manera forzosa a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Organismos Internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Organizaciones no Gubernamentales como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), expresaron su rechazo y preocupación a lo ocurrido en Iguala, así como la exigencia al Gobierno de México de llegar a la verdad de lo sucedido, impartir justicia condenando a los culpables.
El 11 de noviembre, el Equipo Argentino de Antropología Forense señaló que de los primeros 30 restos ubicados en fosas clandestinas en la zona de Cerro Viejo, ninguno de ellos coincide con el ADN de los normalistas desaparecidos.
“De las constancias que obran en las averiguaciones previas se desprende que la PGR ha recurrido sistemáticamente a golpes y torturas para incriminar a los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, realizadas por elementos de la Policía Federal y la Marina, consentidas por la agente del Ministerio Público Lourdes López Iturbide, con lo que obtuvieron las confesiones de varios de los detenidos mediante golpizas e incluso choques eléctricos, así como tortura psicológica para que se autoincriminaran o denunciaran a sus compañeros”, denunció el legislador de Morena.
Adicionalmente, ninguno de los casi 100 detenidos se encuentra acusado por el delito de desaparición forzada, sino por delincuencia organizada, secuestro, homicidio, entre otros tipos penales que distan de la conducta típica que implica la desaparición forzada de personas. Bajo confesiones obtenidas mediante la tortura la PGR construyó la denominada “verdad histórica”.
“La actuación irregular y abierta manipulación de la investigación para cerrar apresuradamente el caso, a cargo del Estado Mexicano en la administración Enrique Peña Nieto, ha quedado acreditada”, sostuvo Tanech Sánchez.
La “verdad histórica”, fue construida con la intención de negar el acceso a la justica de los familiares de las víctimas, encubrir a los verdaderos responsables de la desaparición forzada de los 43, para poder salir del paso ante el problema político e internacional que se gestó a partir del reclamo de justicia del pueblo mexicano en solidaridad con los familiares de los normalistas.
Ante el creciente reclamo popular para que se castigue no sólo a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, y a quienes participaron en el engaño para dar carpetazo a una de los crímenes más dolorosos del país, la Legislatura local aprobó el exhorto para que se investigue al ex titular de la PGR de 2012 a 2015.
